Los jóvenes universitarios ante la crisis de Puerto Rico
La actual situación financiera que arropa a la Isla ha forzado al Gobierno a tomar decisiones que podrían afectar los servicios que ofrece a sus ciudadanos. Entre los cambios más recientes se destaca el caso del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) y la Ley de Moratoria.
El Banco Gubernamental de Fomento es un “instrumento que ha servido de agente fiscal” a la Isla durante más de 40 años, explicó el coordinador del Foro Económico Mundial en Puerto Rico, Francisco Montalvo Fiol.
“Se trata del banco del Gobierno de Puerto Rico; lo más semejante a lo que en otros países se conoce como un Banco Central, que dentro del régimen norteamericano, no existe. En nuestro caso, la estructura ósea del BGF son los municipios y las corporaciones públicas”, detalló el también director del Departamento de Administración de Empresas, de la Universidad Interamericana en Bayamón.
“Por muchos años los Municipios de la Isla han utilizado el BGF para propósitos de financiamiento de diferentes proyectos”, uso que, según el doctor en economía, contribuyó a la debacle actual del banco.
Dicha práctica se convirtió en una costumbre municipal gracias a que al utilizar el BGF, “los municipios no tienen que pedir prestado a la banca comercial”. De esta forma, “el capital para las obras es relativamente fácil de obtener”, escenario que, según argumentó el doctor en economía, ayudó “al desarrollo de la Industrialización de Puerto Rico”.
Estas y otras particularidades, inclinaron la balanza del estado hacia una Ley de Moratoria que persigue evitar “desembolsos” de parte de la institución gubernamental y otorga mayores poderes al gobernador, Alejandro García Padilla, con relación a las gestiones del BGF.
“La moratoria es como tomarse un ‘break’. Vamos a ponerlo de una manera bien sencilla. Si en nuestra familia alguien se queda sin empleo, tendríamos que decidir: ¿pagamos la hipoteca o pagamos el agua?, ¿pagamos la luz o vamos a comer?… pues es la misma cosa, pero en términos de seguridad, los bomberos, las ambulancias y la policía. Si el Gobierno decide pagarle a los bonistas lo que le debe, no podría pagar la gasolina para las patrullas de la policía ”. Con esta ley, “él (refiriéndose a Garcia Padilla) puede tomar la decisión acerca de lo que pagará primero”.
Sin embargo, de la misma forma en que la ley de moratoria podría representar una protección para los servicios fundamentales del gobierno, el control de los desembolsos del BGF pudieran trastocar los préstamos estudiantiles de forma indirecta.
Los prestamos estudiantiles “no se ven directamente afectados porque la mayoría de ellos usan fondos… que provienen del Departamento de Educación Federal…pero, sí pueden recibir un golpe indirecto debido a que gran parte de la banca, o sea, todo el sector financiero de Puerto Rico, tiene algún tipo de conexión con el BGF”, detalló Montalvo Fiol, quien instó a los estudiantes a informarse con su respectivo proveedor de servicio bancario.
El economista comparó esta situación con un virus, que según él, aunque no te afecta directamente, puedes contagiarte por alguien de tu círculo cercano.
Además de los préstamos, las diversas universidades entran al juego en otras disyuntivas con la ley firmada el pasado 6 de abril. El economista recalcó que, aunque las instituciones universitarias privadas no dependen del Gobierno, estas pueden sufrir “un efecto indirecto”.
Una universidad privada relativamente grande pudiera albergar más de 40 mil estudiantes, “estamos hablando de un presupuesto de sobre 300 millones de dólares que necesita financiamiento. Aunque estas instituciones no toman prestado de una entidad gubernamental en forma directa, si sale a los mercados. Entonces, la situación del BGF, que a su vez afecta la banca privada, puede afectar las tazas de intereses y los rendimientos que tienen que pagar”, describió el educador.
Esta situación, aunque por ahora no representa un “impacto directo” al estudiantado, en el futuro podría repercutir en un alza en el costo de matrícula que permita a las instituciones educativas recuperar la perdida en ingresos que representa el pago de dichos intereses.
Por su parte, la Universidad de Puerto Rico (UPR) será la más afectada, pues la fuente principal de ingreso de esta institución es “el fondo general del gobierno”.
“Estamos en esta situación de déficit… que podría generar una reestructuración de algún Recinto… o algún tipo de inestabilidad como un alza drástica en la matrícula para cubrir los costos (de la universidad) y otros asuntos de índole político y social”, aseguró Montalvo Fiol.
Al mismo tiempo, la situación del BGF y la ley de moratoria podría afectar otros servicios esenciales utilizados por jóvenes boricuas. La Autoridad Metropolitana de Autobuses (AMA) es uno de estos servicios.
“La AMA puede ser una de las primeras víctimas de todo esto porque… su operación es ‘perdisiosa’ y podría reducirse dramáticamente (sus servicios) o simplemente dejar de existir”, informó el economista.
Lo “perdisioso” de la operación de la AMA, Montalvo Fiol lo atribuye al hecho de que “casi todo el mundo utiliza su carro”, por lo que pronostica que este servicio sufrirá algunos cambios.
Pero la cosa no termina ahí, este transporte utilizado por miles de jóvenes para llegar a sus respectivas universidades y trabajos no es el último en la lista de posibles afectados. Los empleos pudieran verse también perjudicados, pues la Ley de Moratoria dispone en su página 22 que el gobierno “no aplicará a la contratación temporera o permanente de empleados”, por lo que el economista señaló que:
“El servicio público no se presenta como una opción muy halagadora”, suceso que “abre el paso al sector privado, quien a mediano o largo plazo va a tener que llenar este vacío”.
Por esta razón, Montalvo Fiol enfatizó la importancia de apostar al emprendimiento y recalcó la relevancia que el sector privado tendrá en la generación de empleos durante los próximos años.
